Un enfoque estratégico y legal para empresas y sujetos obligados
La prevención del lavado de activos y la financiación de otros delitos se ha convertido en un componente indispensable para garantizar la seguridad jurídica, la transparencia económica y la estabilidad del sistema financiero en Ecuador. Este ámbito no solo es una obligación legal, sino también un factor estratégico que protege a las organizaciones frente a riesgos reputacionales, financieros y penales.
Con la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, publicada en el Registro Oficial el 29 de julio de 2024, y su posterior reforma de junio de 2025, Ecuador consolida un marco normativo más robusto, actualizado y alineado con estándares internacionales como las 40 Recomendaciones del GAFI.
Estas reformas fortalecen los mecanismos de supervisión, amplían las obligaciones de los sujetos obligados y exigen mayores niveles de debida diligencia, gestión de riesgos y reportes oportunos ante la UAFE. Como resultado, tanto empresas como profesionales que operan en sectores sensibles —financiero, inmobiliario, comercial, tecnológico, entre otros— deben adoptar una cultura de cumplimiento que integre políticas, controles y capacitaciones permanentes.
La correcta implementación de programas de prevención del lavado de activos no solo evita sanciones administrativas y penales, sino que además protege la integridad de las organizaciones frente a operaciones ilícitas que puedan comprometer su continuidad y credibilidad. De esta manera, la normativa ecuatoriana no debe entenderse únicamente como un marco de cumplimiento obligatorio, sino como una herramienta estratégica que fortalece la confianza del mercado y contribuye a un entorno económico más seguro y competitivo.
El fortalecimiento institucional en materia de prevención del lavado de activos ha sido uno de los avances más significativos en Ecuador. La consolidación de entidades clave —como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la Junta de Política y Regulación Financiera y el Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento de Delitos(CONCLAFT)— ha permitido una mayor coordinación estratégica en la formulación de políticas públicas, la supervisión del sistema y la aplicación de sanciones frente al incumplimiento.
Estas instituciones desempeñan un papel fundamental dentro del ecosistema de cumplimiento, al establecer lineamientos normativos, promover la interoperabilidad entre organismos de control y coordinar acciones con el sector privado. Su labor conjunta facilita una gestión del riesgo más efectiva, fortalece los procesos de debida diligencia y contribuye a una respuesta articulada frente a operaciones sospechosas o actividades ilícitas.
Obligaciones críticas para los sujetos obligados en materia de prevención de lavado de activos
El cumplimiento normativo en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo no es opcional ni discrecional. La legislación ecuatoriana vigente exige que todos los sujetos obligados implementen un Sistema de Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos (SPARLAFD), el cual debe integrarse de forma transversal a la gestión interna de la organización. Entre sus componentes esenciales se destacan:
- Políticas y procedimientos internos claros, acompañados de códigos de ética que orienten la conducta de directivos, colaboradores y terceros vinculados.
- Procesos de debida diligencia y debida diligencia reforzada, particularmente en la identificación y monitoreo de clientes, beneficiarios finales y operaciones clasificadas como de alto riesgo.
- Monitoreo permanente de transacciones, apoyado en herramientas tecnológicas que permitan detectar patrones inusuales, alertas tempranas y operaciones que ameriten análisis adicional.
- Remisión oportuna de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) a la UAFE, dentro de plazos estrictos que, por norma, son de 5 días, con posibilidad de prórroga bajo justificación.
- Capacitación continua y especializada, orientada a todo el personal, con énfasis en áreas críticas y funciones expuestas al riesgo.
Estos lineamientos han sido reforzados con las nuevas disposiciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Financiera para 2025, que buscan elevar los estándares de gestión del riesgo y homogeneizar las prácticas de cumplimiento a nivel nacional.
El incumplimiento de estas obligaciones puede derivar en sanciones administrativas, civiles e incluso penales, reflejando la determinación del Estado ecuatoriano en la lucha contra el lavado de activos y la protección de la integridad del sistema económico y financiero.
Las autoridades financieras y reguladoras actualizan con frecuencia las disposiciones técnicas aplicables a la prevención de LA/FT. En Ecuador, la emisión continua de nuevas resoluciones, guías y lineamientos demanda que las organizaciones mantengan una revisión permanente de sus políticas, procedimientos y evaluaciones de riesgo.
Este contexto subraya la necesidad de contar con asesoría especializada, capaz de interpretar adecuadamente los cambios normativos y traducirlos en prácticas de cumplimiento efectivas y sostenibles.
En conclusión
La prevención del lavado de activos en Ecuador constituye una responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y los profesionales sujetos a supervisión. En un entorno regulatorio cada vez más dinámico y exigente, la adopción de un programa de cumplimiento robusto trasciende el ámbito de la obligación legal: se convierte en un elemento estratégico para fortalecer la integridad organizacional, generar confianza en los mercados y asegurar la sostenibilidad de los negocios a largo plazo.
Implementar políticas y controles efectivos no solo permite mitigar riesgos, sino también posicionar a las organizaciones como actores comprometidos con la transparencia y las mejores prácticas internacionales. En un escenario donde la regulación evoluciona y los riesgos se sofistican, invertir en cumplimiento es invertir en resiliencia, reputación y competitividad.
